Las protestas de los últimos días han centrado la atención en la Ley de Promoción Agraria. El Congreso ha dado señales de que podría derogarla y el Ejecutivo ha indicado que promoverá derogar su componente laboral. Hay margen para mejorarla, y contribuir además a una formalización más extendida del agro, pero cualquier cambio debería tomar en cuenta las realidades y retos productivos del sector.
El componente más relevante de la ley ha sido el laboral, que permite la contratación temporal (y formal). Ello es importante dado que la cosecha está calibrada para coincidir con los precios más altos de contraestación en el hemisferio norte. Por ejemplo, una empresa mediana exportadora de arándanos puede tener 100 trabajadores permanentes todo el año, pero necesitará contratar 900 más en el pico de octubre. Hasta la versión previa de la ley, los derechos laborales eran menores que con el régimen general, pero ello se ha corregido en la vigente (aprobada en diciembre de 2019).
Derogar la ley (o su componente laboral) no resolverá algunos de los justos reclamos presentados. Ciertamente, no resolverá el problema de los services, que es un tema de supervisión y fiscalización de la Sunafil.
La mejor solución para los trabajadores del agro no puede ser pasarlos al régimen general. Van a seguir empleados de manera temporal, con contratos más precarios, y recibirán menos dinero en efectivo, que, como todos sabemos, es algo que privilegian. Muy posiblemente estarían mejor manteniéndose en un régimen especial que mejore algunos parámetros y condiciones laborales pero que mantenga la posibilidad de contratación temporal para responder a la estacionalidad. Y, por supuesto, con una mayor fiscalización.
Si pensamos de manera integral, otros ajustes son deseables. El gran problema de la agroexportación peruana es el alto porcentaje de pequeños parceleros que no participan de ella. Ellos –típicamente herederos de la fragmentación de las cooperativas de la reforma agraria– están, en su mayoría, en cultivos de subsistencia. El gran reto es integrarlos a cadenas agroalimentarias modernas.
Se ha hablado de otra reforma agraria. Una verdadera reforma en el agro requiere consolidar lo avanzado y resolver algunas de las asignaturas pendientes, entre ellas la inserción en la modernidad de la gran mayoría de pequeños parceleros y el desarrollo de ecosistemas productivos y de innovación alrededor de la actividad agraria.

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